Las empresas no solo pueden ser objeto de sanciones administrativas o civiles, sino que también pueden enfrentar consecuencias penales que, en los casos más graves, pueden comprometer su viabilidad. En este artículo abordaremos cómo surge esta responsabilidad, qué sanciones pueden aplicarse y en qué circunstancias se puede llegar a la disolución de la entidad.
Qué es la responsabilidad penal de las sociedades
La responsabilidad penal de las sociedades o personas jurídicas se refiere a la capacidad de una empresa para ser considerada legalmente responsable por delitos cometidos dentro de su estructura organizativa. Esta responsabilidad surge cuando un representante legal o un trabajador de la entidad comete un delito en beneficio de la empresa, ya sea por acción u omisión, y la organización no ha tomado las medidas necesarias para prevenir tales conductas.
A partir de la reforma del Código Penal en 2010, las empresas en España pueden ser condenadas por los delitos cometidos en su nombre, siempre y cuando se demuestre que no existieron mecanismos de control interno suficientes para evitar dichas infracciones. Este cambio busca responsabilizar no solo a los individuos que cometieron el delito, sino también a la organización que se benefició de sus acciones.
Condiciones para la responsabilidad penal de la empresa
Para que una empresa sea declarada responsable penalmente, deben cumplirse una serie de requisitos clave:
- Delito cometido en beneficio de la sociedad: el acto delictivo debe haber favorecido directa o indirectamente a la empresa, ya sea económicamente o en otro sentido.
- Acción por parte de representantes o empleados: el delito debe haber sido cometido por personas que actúan en nombre de la empresa, ya sea un administrador, representante legal o un empleado.
- Falta de mecanismos de control: la empresa debe haber fallado en la implementación de mecanismos adecuados de control, vigilancia y prevención de delitos dentro de su estructura.
Si la organización ha tomado las medidas necesarias para evitar y detectar delitos, como la implementación de un plan de compliance o un código ético, puede eximirse de la responsabilidad penal, siempre que pueda demostrar que hizo todo lo posible para evitar la conducta delictiva.
Tipos de sanciones para las sociedades
Cuando una sociedad es declarada penalmente responsable, las sanciones pueden ser muy variadas, dependiendo del tipo de delito y la gravedad del mismo. Estas sanciones pueden afectar seriamente la continuidad de la empresa, ya que van desde multas económicas hasta la disolución total de la entidad.
Multas económicas
Una de las sanciones más comunes es la imposición de multas económicas. Estas pueden ser muy elevadas, ya que el objetivo es que representen un impacto significativo para la empresa. Las multas se calculan en base a la gravedad del delito y los beneficios obtenidos por la empresa como consecuencia de dicho acto.
Existen diferentes modalidades de multas:
- Multa proporcional: basada en los beneficios obtenidos por el delito.
- Multa por días-multa: basada en la capacidad económica de la empresa.
Suspensión de actividades
Otra sanción común es la suspensión temporal de actividades. Dependiendo del delito, la autoridad judicial puede imponer una suspensión de hasta cinco años, durante los cuales la empresa no podrá operar en el sector donde cometió el delito. Esta medida puede ser especialmente gravosa, ya que puede llevar a la pérdida de contratos y clientes.
Prohibición de recibir subvenciones o contratos públicos
Una sanción adicional que puede tener graves consecuencias para la viabilidad de la empresa es la prohibición de recibir subvenciones o celebrar contratos con la Administración Pública. Esta medida puede durar hasta quince años, lo que limita seriamente las posibilidades de expansión y sostenibilidad para aquellas empresas que dependen en gran medida de los contratos públicos.
Intervención judicial
En algunos casos, cuando se considera que la empresa necesita una supervisión externa para evitar que continúen cometiendo delitos, el tribunal puede ordenar una intervención judicial. Esto significa que una figura externa se encargará de supervisar las actividades de la empresa para asegurarse de que se cumplan con las normativas y evitar la reincidencia.
Disolución de la empresa
Finalmente, en los casos más graves, la justicia puede ordenar la disolución definitiva de la empresa. Esto ocurre cuando la sociedad se utiliza como medio para cometer delitos o cuando se considera que la empresa ya no tiene posibilidades de continuar operando de manera legal. La disolución supone el fin de la existencia jurídica de la empresa, lo que implica que debe liquidarse todo su patrimonio y cesar definitivamente sus actividades.
Medidas para evitar la responsabilidad penal: el compliance
La mejor forma de evitar la responsabilidad penal de una sociedad es la prevención. En este sentido, cada vez más empresas optan por la implementación de programas de compliance o cumplimiento normativo, que les permiten establecer mecanismos internos de control para prevenir la comisión de delitos dentro de la organización.
¿Qué es un programa de compliance?
Un programa de compliance es un conjunto de procedimientos y prácticas diseñadas para garantizar que una empresa cumple con todas las normativas legales y éticas aplicables a su actividad. Este programa suele incluir:
- Códigos de conducta.
- Políticas de prevención de delitos.
- Canales de denuncia interna.
- Formación y concienciación para empleados.
El objetivo principal del compliance es asegurar que todos los miembros de la empresa conocen y respetan las normas, y que existen mecanismos claros para detectar y actuar ante posibles infracciones.
Beneficios de contar con un programa de compliance
Implementar un sistema de compliance no solo protege a la empresa frente a posibles sanciones penales, sino que también tiene otros beneficios importantes:
- Mejora la reputación de la empresa, mostrando un compromiso claro con la ética y la legalidad.
- Ayuda a detectar problemas internos antes de que se conviertan en delitos.
- Ofrece una defensa legal sólida en caso de que la empresa se enfrente a una investigación penal, al demostrar que ha hecho todo lo posible por evitar infracciones.
En definitiva, contar con un programa de compliance es una herramienta eficaz para minimizar riesgos y evitar sanciones penales.
